Según la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda (2026), el contrato de arrendamiento debe realizarse de forma escrita y contener una serie de requisitos mínimos, como la identificación de las partes, el monto del canon y la duración del mismo.
Sin embargo, la ley establece varios puntos importantes sobre lo que sucede cuando no se han formalizado o estipulado ciertos detalles por escrito:
• Validez del acuerdo: Aunque la ley exige la forma escrita, también aclara que la relación arrendaticia se perfecciona con la voluntad de las partes. Esto significa que los contratantes están obligados a cumplir con lo pactado, ya sea que hayan suscrito el contrato de forma privada o lo hayan autenticado ante una Notaría Pública.
• Duración predeterminada: En caso de que no exista una estipulación expresa sobre el tiempo de duración, la ley suple esta falta entendiendo que el arrendamiento ha sido acordado por el término de un año.
• Reparaciones del inmueble: A falta de un acuerdo escrito sobre quién asume las reparaciones, se aplicarán las reglas por defecto de la ley:
o El arrendador paga las reparaciones que excedan el 30% del canon mensual, a menos que el daño sea culpa del inquilino.
o El arrendatario paga las reparaciones que no superen ese 30%.
• Pago de servicios y condominio: Si no se pacta lo contrario por escrito:
o El arrendatario es responsable del pago de servicios como electricidad, agua, gas, aseo e internet.
o El arrendador debe cubrir los gastos de condominio y los impuestos urbanos aplicables.
Aunque la ley ordena que el contrato sea escrito, protege la relación basándose en la voluntad de las partes y utiliza normas supletorias (como la duración de un año o la división de gastos de reparación) para resolver los puntos que no se hayan especificado claramente.
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