No se puede ejecutar una medida cautelar sobre la comunidad conyugal, sin oír al otro comunero. Tercería

El recurso de casación fue declarado CON LUGAR por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No. 000497 del 22 de octubre de 2026, Magistrado Ponente, Dr. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PARRA, Exp. AA20-C-2025-000237, al constatarse una grave violación al derecho a la defensa, al debido proceso y al orden público procesal en perjuicio de la tercera interviniente.

1. Resumen de las denuncias

La Sala examinó con carácter previo y prioritario el recurso extraordinario interpuesto por la tercera interviniente, el cual se fundamentó en un recurso por defecto de actividad (ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil) por infracción de los artículos 15, 206, 208, 341 y 370 (ordinal 3°) del mismo código, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución.

Los puntos centrales de la denuncia fueron:

Error en la calificación jurídica de la intervención: La recurrente intervino como tercera adhesiva coadyuvante simple (ordinal 3° del artículo 370 del CPC) para sostener los derechos del demandado y resguardar su cuota parte en la comunidad conyugal aún no dividida. No obstante, tanto el a quo como el ad quem, calificaron erróneamente su actuación como una demanda propia de tercería (ordinal 1° del artículo 370) e inventaron causales de inadmisibilidad no previstas en la ley.

Omisión de valoración probatoria del interés legítimo: Ambas instancias inadmitieron la tercería aduciendo la falta de documentos fundamentales, ignorando y dejando de valorar la abundante prueba documental que demostraba su condición de comunera y su interés jurídico actual.

Desorden procesal e indefensión: La demanda de estimación e intimación de honorarios se tramitó como un cuaderno separado dentro de la causa de partición de bienes, en la cual se decretaron embargos preventivos y prohibiciones de enajenar y gravar sobre inmuebles y vehículos de la comunidad conyugal no liquidada. Al rechazar de plano su intervención sin sustanciar la incidencia, los juzgadores cercenaron su derecho a probar y defender su patrimonio, dejándola en completo estado de indefensión.

2. ¿Por qué la Sala de Casación Civil lo declaró CON LUGAR?

La Sala de Casación Civil basó su decisión de anular el fallo en las siguientes razones jurídicas esenciales:

1. Afectación directa a bienes de la comunidad conyugal indivisa: La Sala constató que los bienes gravados por las medidas cautelares (tres vehículos y dos inmuebles) forman parte de la masa patrimonial común de la comunidad conyugal cuyo proceso de liquidación no ha concluido. Por ende, la ejecución cautelar o el cobro de honorarios incide de forma directa e inmediata sobre los derechos de la ex esposa como copropietaria, otorgándole un interés jurídico legítimo e indiscutible para intervenir.

2. Cercenamiento de la garantía del debido proceso: Al declarar la inadmisibilidad de plano y omitir la apertura del cuaderno separado de tercería regulado en la ley (artículos 370 ord. 3°, 375, 379 y 380 del CPC), las juzgadoras de instancia le impidieron materialmente debatir y probar la intangibilidad de su haber patrimonial.

3. Quebrantamiento de formas sustanciales de orden público: La falta de sustanciación de la incidencia violó la garantía de la tutela judicial efectiva y el principio de contradicción. La Sala recordó que las normas procesales son de estricto orden público y no pueden ser relajadas ni omitidas por los jueces.

Reciente Sentencia sobre Mensajes de Datos (WeChat) de la SCC del TSJ y su no impugnación en autos.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la sentencia No. 520 del veintinueve 29 de octubre de dos mil veintiséis (2026), siendo la Magistrada-Ponente, la Dra. JACQUELINE DEL VALLE SOSA MARIÑO, Exp. AA20-C-2025-000900, resolvió un recurso extraordinario en un litigio por desalojo de un local comercial. El tribunal superior había ordenado el desalojo tras considerar insolvente al arrendatario, omitiendo la valoración adecuada de mensajes de datos traducidos y comprobantes de pago electrónicos. Al revisar el caso, el máximo tribunal determinó que la ley otorga a los mensajes electrónicos el mismo valor probatorio que a los documentos privados si no son impugnados válidamente. Mediante el análisis conjunto de indicios y pruebas, se comprobó que la relación de alquiler operaba de forma anual y que el inquilino se encontraba solvente al momento de la demanda. En consecuencia, la Sala anuló la sentencia previa y declaró sin lugar la acción de desalojo.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia evalúa los mensajes de datos y las traducciones oficiales, bajo las siguientes reglas probatorias y legales:

1. Valoración de los Mensajes de Datos Impresos

Equivalencia funcional y naturaleza de prueba fotostática: De acuerdo con el artículo 4 de la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, los mensajes de datos tienen la misma eficacia probatoria que los documentos escritos. Cuando se aportan al expediente reproducidos en formato impreso (como capturas de pantalla de conversaciones en WeChat o WhatsApp, e impresiones de comprobantes bancarios), se les atribuye el valor de copias o reproducciones fotostáticas simples.

Valor probatorio si no son impugnados: Conforme al artículo 429 del CPC, estas reproducciones impresas se tienen como fidedignas mientras no sean impugnadas por la contraparte, operando en caso de silencio su reconocimiento tácito.

Efectos de la impugnación y necesidad de experticia: Si la contraparte impugna las impresiones de los mensajes de datos, para certificar la autenticidad e integridad de la información digital se requiere una prueba pericial o experticia técnica (como la realizada sobre el teléfono móvil por el CICPC). Una vez validada su autenticidad técnica, las impresiones de los mensajes de datos adquieren plena eficacia probatoria.

2. Requisitos y Valoración de las Traducciones Oficiales

Obligatoriedad del idioma castellano: Con base en los artículos 183 y 185 del CPC, todos los actos procesales deben llevarse a cabo exclusivamente en castellano.

Intervención de Intérprete Público: Cuando se incorporan documentos o mensajes de datos redactados en idioma extranjero (como chino o inglés), es imprescindible su traducción oficial realizada por un intérprete público o traductor juramentado nombrado por el tribunal. Los documentos presentados en idioma extranjero sin su correspondiente traducción al castellano son desestimados y no se les otorga valor probatorio.

Integración al proceso: Cumplido el requisito de la traducción oficial al castellano y respaldada la veracidad del mensaje mediante peritaje técnico (si fue impugnado), la prueba queda plenamente habilitada para ser valorada por el juzgador.

3. Criterio Aplicado en este Caso

La Sala determinó que la jueza de alzada subvirtió las reglas probatorias al desestimar las impresiones de los mensajes y comprobantes exigiendo requisitos no previstos en la ley (como pretender que requerían ratificación mediante prueba testimonial). La Sala concluyó que, al constar la traducción al castellano por intérprete público y la certificación técnica del teléfono mediante experticia del CICPC, las impresiones de los mensajes de datos de WeChat y de las transferencias bancarias gozaban de plena eficacia probatoria para demostrar la solvencia en el pago de los cánones de arrendamiento.

SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS: Algunas sentencias del TSJ prioritarias

La siguiente selección contiene importantes decisiones sobre honorarios.

No todas tienen carácter vinculante: es necesario distinguir las decisiones de la Sala Constitucional que establecen doctrina constitucional vinculante de las decisiones de la Sala de Casación Civil que desarrollan o aplican criterios jurisprudenciales.

1. Sala de Casación Civil, sentencia n.º 311

4 de junio de 2024 · Expediente AA20-C-2024-000119

En un juicio de estimación e intimación de honorarios profesionales e indexación de una deuda expresada en dólares.

La Sala casó de oficio la sentencia recurrida, declaró procedente el derecho a cobrar honorarios y ordenó la indexación de US$ 42.200, salvo el derecho a retasa de la parte intimada. También examinó la separación entre honorarios profesionales y gastos judiciales sujetos a otras reglas.

Resulta esencial para estudiar la autonomía del procedimiento, las cuestiones previas, la determinación del objeto de la retasa, la moneda de la obligación y la corrección monetaria.

2. Sala de Casación Civil, sentencia n.º 555

10 de agosto de 2017

Sobre el alcance de la fase declarativa y la fase ejecutiva de la estimación e intimación.

Desarrolla la separación entre la decisión sobre el derecho a cobrar y la revisión de la cuantía. También aborda el control judicial de presupuestos procesales, incluida la inepta acumulación de pretensiones sometidas a procedimientos incompatibles.

Delimita la competencia funcional del juez que reconoce el derecho y del tribunal retasador.

3. Sala Constitucional, sentencia n.º 757

12 de agosto de 2016 · Expediente 16-190 · Caso Andrés Octavio García Pérez

Sobre las costas, honorarios y límites de la reclamación en procedimientos relativos al estado y capacidad de las personas.

Esta decisión es citada por la jurisprudencia posterior en materia de costas procesales, especialmente en relación con el alcance de la condenatoria y la valoración de honorarios.

Debe estudiarse para comprender la evolución de los criterios sobre honorarios derivados de procesos en los que existen particularidades en la estimación de la cuantía.

Advertencia: la sentencia n.º 327 de la Sala de Casación Civil, de 18 de junio de 2025, es relevante precisamente, porque revisa el criterio que se venía aplicando en un supuesto específico. No es correcto trasladar automáticamente todos los razonamientos de la sentencia n.º 757, a cualquier intimación de honorarios.

4. Sala de Casación Civil, sentencia n.º 327

18 de junio de 2025 · Expediente AA20-C-2024-000511

En un cobro de honorarios profesionales vinculados con un juicio de amparo.

Sobre criterios relativos a las costas en amparo.

Es importante para evitar la aplicación automática de una regla general de honorarios a procedimientos constitucionales con características particulares.

Reserva: el alcance de esta modificación debe delimitarse a partir del texto íntegro de la sentencia n.º 327; una reseña profesional, no basta para afirmar que todo el régimen general de honorarios quedó modificado.

5. Sala Constitucional, sentencia n.º 1317

6 de agosto de 2025

Sobre la indeterminación del objeto en la fase declarativa de un juicio de honorarios.

La Sala examinó una decisión que reconocía el derecho del abogado a percibir un porcentaje de la suma que determinara el tribunal retasador, sin establecer la cantidad que debía pagarse. Señaló que el objeto de la controversia era impreciso y que la determinación debía permitir una retasa efectiva.

Es una referencia prioritaria para redactar la pretensión y la sentencia de la fase declarativa con precisión suficiente.

6. Sala de Casación Civil, sentencia n.º 434

25 de julio de 2024 · Caso América Rendón Mata contra Servicios Incorporados, C.A.

Materia: honorarios pactados en moneda extranjera.

Cuando se reclama el pago de honorarios en moneda extranjera sobre la base de un contrato de servicios profesionales, el contrato que acredita el acuerdo, debe acompañarse como instrumento fundamental de la demanda, en original o copia certificada, según el criterio citado.

Resulta especialmente importante para reclamaciones contractuales en dólares y para determinar, qué documentos deben acompañarse desde la presentación de la demanda.

7. Sala Constitucional, sentencia n.º 362

11 de mayo de 2018 · Expediente 2017-1129 · Caso Marshall y Asociados C.A. contra Aseguradora Nacional Uniseguros, S.A.

Materia: modificaciones jurisprudenciales al régimen de casación civil.

Aunque no es una decisión específica sobre la retasa, es relevante para determinar el régimen de impugnación de las decisiones judiciales, incluidas aquellas que se produzcan dentro de procesos de honorarios.

Debe consultarse junto con la sentencia RC-510 de 28 de julio de 2017, cuando se estudien recursos y efectos de las decisiones de instancia.

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AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD VERSUS ORDEN PÚBLICO EN LA NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTO DEL 7 DE AGOSTO DE 2026

I. La Reforma

La recién publicada Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, del 7 de agosto de 2026, nació bajo la imperiosa necesidad de reactivar un mercado inmobiliario paralizado por la inseguridad jurídica y de dar respuesta a la emergencia habitacional tras los sismos de junio de 2026. Sin embargo, su entrada en vigencia ha traído consigo una contradicción jurídica fundamental en sus disposiciones preliminares que amenaza con desestabilizar su aplicación práctica.

Esta dicotomía se evidencia al contrastar el Artículo 4 —que eleva la «autonomía de la voluntad de las partes» a principio rector del texto legal— con el Artículo 5, el cual establece de forma tajante que «las disposiciones de esta Ley son de orden público».

La mayor debilidad de la nueva ley no es técnica, sino conceptual, y se condensa en una contradicción de principios insalvable: la coexistencia forzada entre la autonomía de la voluntad (Art. 4) y el orden público (Art. 5). 

Al presentarse ambas figuras como pilares simultáneos, el legislador pasa por alto que la libertad contractual y la intervención estatal son, por definición, antagónicos; el orden público no es un complemento de la autonomía, sino el muro perimetral que la restringe. ¿Cómo puede una relación regirse por lo que pacten libremente las partes, si varios artículos de la ley tienen cierto carácter imperativo? La respuesta a esta paradoja la da el propio texto a lo largo de su articulado: al permitir que las partes decidan sobre los plazos (Art. 11), acuerden la moneda de pago (Art. 14), distribuyan las reparaciones (Art. 15) o negocien la carga de los servicios (Art. 19), la ley desmiente su supuesta rigidez de orden público. No estamos ante un régimen estrictamente imperativo, sino ante una norma eminentemente dispositiva que permite el pacto en contrario, lo que obligará a los tribunales a redefinir el verdadero alcance de esta contradicción.

II. La naturaleza del «Orden Público» y el Código Civil Venezolano

Para comprender la magnitud de esta contradicción, debemos acudir a las bases del derecho privado venezolano consagradas en el Código Civil. El Artículo 6 establece con absoluta claridad la frontera del derecho contractual: «No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres».

El orden público en una relación contractual de arrendamiento representa el conjunto de principios, valores y directrices políticas y sociales de los cuales un Estado no puede prescindir, y que se imponen a los ciudadanos para salvaguardar el equilibrio social. En materia de arrendamiento de vivienda, el orden público actúa tradicionalmente como una herramienta de protección hacia el arrendatario, considerado históricamente el "débil jurídico" de la relación.

Sin embargo, el Código Civil también consagra en su Artículo 1.159 que «los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes», obligando a su ejecución de buena fe (Art. 1.160). La colisión es evidente: si cada norma de la Ley de 2026 es de orden público (según el Art. 5), cualquier pacto privado que intente modificar, flexibilizar o apartarse de lo escrito en ella sería nulo de pleno derecho bajo la sanción del Artículo 6 del Código Civil.

III. El contraste: De la irrenunciabilidad de 1999 al control absoluto de 2011

La tensión entre la autonomía de la voluntad y el orden público ha definido la evolución de la legislación inquilinaria en el país:

1. La Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999: El orden público se materializaba de forma clásica a través de la protección del inquilino mediante la figura de la irrenunciabilidad de los derechos. Su Artículo 7 señalaba que «los derechos que la presente Ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios son irrenunciables», declarando nulo cualquier pacto en contrario. Esto limitaba la autonomía de la voluntad únicamente en aquello que perjudicara al arrendatario, pero permitía el pacto libre en otras áreas.

2. La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda de 2011: Este instrumento radicalizó el concepto de orden público. Al subordinar toda la relación contractual al control estricto del Estado (fijación unilateral de cánones por la SUNAVI, prohibición absoluta de pactar en divisas y trabas discrecionales para los desalojos), la autonomía de la voluntad fue prácticamente extirpada del negocio jurídico. El orden público se transformó en un dirigismo estatal absoluto que terminó por ahuyentar la oferta inmobiliaria.

3. La Ley del Régimen Especial de 2026: Buscando superar este modelo "regresivo", la nueva ley da un viraje e incorpora principios de libre ejercicio de la actividad económica y autonomía de la voluntad (Art. 4), permitiendo que el arrendamiento se rija por los pactos determinados por las partes (Art. 6). No obstante, al mantener la declaración general de "orden público" en el Artículo 5, el legislador estampó su propia reforma.

IV. Las normas permisivas en la Ley de 2026

El aspecto más contradictorio de la Ley de 2026 es que, siendo supuestamente de "orden público" en su totalidad, contiene numerosas normas de carácter dispositivo o permisivo que dan amplio espacio a la autonomía de la voluntad de las partes para pactar en contrario:

• Artículo 11: Permite que las partes acuerden libremente la duración del contrato y sus prórrogas.

• Artículo 12 y 13: Permite acordar libremente el canon de arrendamiento y sus ajustes en caso de renovación.

• Artículo 14: Autoriza el pago mensual del canon, «salvo acuerdo en contrario de las partes».

• Artículo 15: Establece reglas supletorias para reparaciones mayores y menores, «a falta de estipulación expresa entre las partes».

• Artículo 19: Atribuye el pago de los servicios al inquilino, «salvo estipulación en contrario».

Si el Artículo 5 establece que la ley es de orden público, ¿cómo es posible que la propia ley autorice el pacto en contrario en áreas tan críticas como el pago, el mantenimiento y los servicios? Esta es es una ley de orden público con estructura bastante flexible. Su finalidad es establecer un marco de protección macro (orden público) para evitar abusos y garantizar el derecho a la vivienda en situaciones de emergencia, pero otorgando un amplio espacio interior (autonomía de la voluntad) para que el mercado inmobiliario privado sea dinámico, atractivo y eficiente. Esta dualidad armonizada es, en realidad (parece ser), la mayor fortaleza técnica del nuevo texto legal. Sin embargo, creo que esta incoherencia legislativa genera una grave incertidumbre hermenéutica para los jueces de municipio y árbitros encargados de resolver las controversias.

En los arrendamientos de viviendas, ¿Quién paga el condominio e impuestos?

De acuerdo con la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda (2026), la responsabilidad del pago del condominio y los impuestos recae en el arrendador, a menos que se haya acordado algo distinto por escrito.

Los puntos clave sobre estos pagos son los siguientes:

• Condominio e Impuestos: Salvo que las partes estipulen lo contrario en el contrato, el arrendador es quien debe cubrir los gastos de condominio del inmueble y los impuestos urbanos aplicables.

• Servicios Públicos: Por el contrario, el pago de los servicios (como electricidad, agua, gas, aseo, teléfono e internet) corresponde al arrendatario, salvo que se pacte de otra forma.

• Formalidad en el Contrato: La ley exige que el contrato escrito especifique claramente cuál de las partes será responsable del pago de los servicios públicos del inmueble.

¿Cómo se reparten las reparaciones urgentes en los arrendamientos de viviendas?

De acuerdo con la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda (2026), la distribución de los costos por reparaciones se rige por un criterio económico basado en el monto del canon de arrendamiento mensual.

Aunque la ley no utiliza específicamente el término "urgentes", establece las siguientes reglas generales para la realización y el pago de las reparaciones del inmueble:

1. El criterio del 30% del canon

A falta de un acuerdo específico por escrito entre las partes, los gastos se reparten de la siguiente manera:

• A cargo del arrendador: Corresponden exclusivamente al propietario las reparaciones cuyo valor exceda el treinta por ciento (30%) del monto del canon de arrendamiento mensual.

• A cargo del arrendatario: Corresponden exclusivamente al inquilino las reparaciones cuyo valor no exceda el treinta por ciento (30%) del monto del alquiler mensual.

2. Excepción por negligencia

Independientemente del costo de la reparación, el arrendador no estará obligado a pagar las reparaciones mayores al 30% si se demuestra que los daños fueron originados por la conducta negligente, imprudente o por la impericia del arrendatario.

3. Obligación de cuido

El arrendatario tiene la obligación legal de usar el inmueble solo para fines residenciales y debe cuidar y conservar la vivienda con la diligencia que establece el Código Civil.

4. Uso del depósito para reparaciones

Al finalizar la relación arrendaticia, si existen reparaciones necesarias para devolver el inmueble al estado en que fue recibido (exceptuando el desgaste por uso normal), el arrendador tiene permitido descontar dichos costos del depósito en garantía, siempre que estos daños estén debidamente comprobados.

En los arrendamientos de viviendas, ¿Qué reparaciones paga el arrendador?

De acuerdo con la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda (2026), la responsabilidad del arrendador sobre las reparaciones del inmueble se define principalmente por el costo de las mismas en relación con el canon de arrendamiento.

El arrendador debe pagar las siguientes reparaciones y conceptos:

• Reparaciones mayores al 30%: Le corresponden exclusivamente todas aquellas reparaciones cuyo valor exceda el treinta por ciento (30%) del monto del canon de arrendamiento estipulado.

• Excepción por negligencia: El arrendador no está obligado a cubrir estas reparaciones si los daños fueron originados por la conducta negligente, imprudente o por la impericia del arrendatario.

• Gastos de condominio e impuestos: Salvo que se haya pactado algo distinto en el contrato, el arrendador es responsable de los pagos por concepto de condominio del inmueble y de los impuestos aplicables a los inmuebles urbanos.

Es importante considerar que, a falta de una estipulación distinta en el contrato, las reparaciones que no excedan el 30% del canon mensual son responsabilidad del arrendatario. Además, al finalizar el contrato, el arrendador puede descontar del depósito en garantía el costo de las reparaciones necesarias para devolver el inmueble al buen estado en que fue recibido, siempre que los daños sean imputables al inquilino.

En los arrendamientos de viviendas, ¿Puedo descontar reparaciones del depósito?

Sí, de acuerdo con la nueva Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda (2026), es posible descontar el costo de las reparaciones del depósito en garantía bajo condiciones específicas.

El procedimiento y las reglas para realizar estos descuentos son los siguientes:

• Finalidad del depósito: La garantía se acuerda, entre otras cosas, para asegurar la conservación del inmueble y el pago de servicios en mora.

• Condición para el descuento: El arrendador solo puede realizar deducciones si, tras la revisión del inmueble al término del contrato, se verifica que este no se encuentra en las mismas condiciones en las que fue recibido por el arrendatario.

• Reparaciones y servicios: La ley permite descontar específicamente: 

1. Las reparaciones a que hubiere lugar para devolver el inmueble a su estado original.

2. Los servicios en mora (como electricidad, agua, gas, etc.) que estén debidamente comprobados.

• Plazo de devolución: Si no existen daños o deudas, o después de realizar los descuentos justificados, el arrendador debe reintegrar el saldo restante dentro de los quince (15) días continuos siguientes a la terminación de la relación arrendaticia.

Es importante recordar que, durante la vigencia del contrato, la ley establece una distinción sobre quién paga qué reparaciones: el arrendatario suele ser responsable de las reparaciones que no excedan el 30% del canon mensual, mientras que las que superen ese monto corresponden al arrendador, salvo que los daños sean causados por negligencia del inquilino.