La Sentencia 406 del 27 de marzo de 2026, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tiene como punto central la declaratoria de constitucionalidad del carácter orgánico de la "Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos".
A continuación, los aspectos más relevantes:
1. Antecedentes y Objeto
La sentencia surge tras una solicitud del Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, para que el TSJ se pronunciara sobre si la ley mencionada cumplía con los requisitos para ser considerada "orgánica", según lo establecido en el artículo 203 de la Constitución.
El objeto de la ley es establecer una base normativa que permita a la Administración Pública ejecutar trámites de forma ágil y eficaz, disminuyendo los plazos de respuesta a los ciudadanos.
2. Contenido Clave de la Ley
La normativa analizada por la Sala incluye disposiciones para:
Simplificación y celeridad: Establece principios como la honestidad, simplicidad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
Atribuciones Presidenciales: Faculta al Presidente de la República para suprimir, reducir o modificar trámites y ordenar la digitalización de procedimientos.
Creación de Instituciones: Se crea la Comisión Nacional para la Celeridad y Optimización de Trámites y Procedimientos Administrativos.
Inclusión y Brecha Digital: Obliga a las instituciones a garantizar canales de atención presencial y prioritaria para personas que tengan dificultades con las plataformas digitales (por edad o discapacidad).
3. Consideraciones de la Sala Constitucional
La Sala fundamentó su decisión en que la ley no es un instrumento meramente administrativo, sino una respuesta estructural a la burocratización excesiva que afecta los derechos fundamentales.
Desarrollo de derechos: Se determinó que la ley desarrolla directamente principios constitucionales del artículo 141 (administración al servicio de las personas) y el artículo 257 (el proceso como instrumento para la justicia, sin formalismos innecesarios).
Criterio Material: La Sala concluyó que la ley se ajusta a la categoría de ley orgánica porque desarrolla el ejercicio de derechos constitucionales y establece un marco para la organización del Poder Público en materia administrativa.
4. Decisión Final
El Tribunal Supremo de Justicia declaró formalmente la CONSTITUCIONALIDAD DEL CARÁCTER ORGÁNICO de la referida ley, permitiendo así que continúe su proceso de promulgación tras haber sido sancionada por la Asamblea Nacional el 26 de marzo de 2026.
Esta Ley aborda la protección frente a la brecha digital principalmente en su artículo 12, el cual impone a la Administración Pública la obligación de adoptar medidas para asegurar que ninguna persona sea excluida del acceso a los servicios públicos o gestiones del Estado por motivos tecnológicos
Para proteger a quienes enfrentan dificultades con las plataformas digitales, sistemas automatizados o medios electrónicos —especialmente por razones de edad o discapacidad—, la ley establece que los órganos y entes del Estado deben garantizar los siguientes mecanismos:
• Atención personalizada y presencial: Se deben mantener canales donde el ciudadano pueda ser atendido de forma física
• Sistemas de atención preferente y prioritaria: Para asegurar que estos grupos vulnerables reciban una respuesta oportuna
• Asistencia directa: Los servidores públicos tienen el deber de brindar ayuda directa a los ciudadanos para la realización de sus trámites
• Simplificación de procesos: Los procedimientos deben ser ágiles y simplificados para evitar cargas administrativas innecesarias a los usuarios
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia destacó en su análisis que estas previsiones demuestran que la ley no solo busca la eficiencia administrativa, sino que lo hace bajo un enfoque de inclusión y justicia social, evitando que la modernización tecnológica del Estado genere nuevas formas de desigualdad
De esta manera, se garantiza que la digitalización de los trámites no se convierta en una barrera para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
